Más del 90 por ciento de las entidades del Tercer Sector podrían desaparecer con la reforma de la Ley de Subvenciones que prepara el Gobierno, según ha alertado la plataforma que aglutina a estas organizaciones que atienden a los colectivos más vulnerables en España.
Para la Plataforma del Tercer Sector, el anteproyecto que modifica la Ley General de Subvenciones «conduciría a un verdadero calvario administrativo y a un altísimo riesgo financiero para las organizaciones».
En concreto, apunta un «enorme empeoramiento» de la regulación del acceso a las subvenciones, el cobro de anticipos, los porcentajes de cofinanciación, los procesos de justificación, y un régimen sancionador que consideran «exorbitante».
Sobre la cofinanciación, se establece un sistema para todas las entidades objeto de subvención con independencia de los programas que se desarrollan, lo que a jucio de la plataforma, «implica que los servicios que se prestan a las personas en riesgo de exclusión social a través del Tercer Sector tendrán que ser cofinanciados con otro tipo de fondos privados» y, por tanto, de organizaciones con ánimo de lucro.
En esta línea, alerta de que en lo relativo a la finalidad y posibles entidades receptoras de los fondos públicos, la «indefinición en algunos artículos puede abrir la percepción de subvenciones a entidades privadas que persiguen fines lucrativos».
«El sistema de servicios sociales y de mantenimiento de los derechos sociales básicos no es una responsabilidad de la cual la administración pública pueda liberarse, dejándola en manos privadas, ya que resulta básico para el correcto funcionamiento democrático de una sociedad inclusiva», reivindica la plataforma.
Además, insiste en que el sistema de cofinanciación lleva a la «situación paradójica» de que sean las propias entidades sociales las que están financiando a la administración pública para el cumplimiento de sus obligaciones con la ciudadanía más desprotegida.
En cuanto a la regulación de anticipos, lamenta que en la propuesta no se plantee modificar el artículo que establece que el pago de la subvención no se realizará hasta su justificación y recuerda que para las entidades del Tercer Sector de Acción Social tiene una especial incidencia la necesidad de liquidez para hacer frente a sus objetivos, por lo que «se obliga a las entidades a actuar sometidas a condiciones de crédito».
«De mantenerse la redacción propuesta, la regulación hará que sea casi imposible que entidades sin grandes recursos patrimoniales puedan abordar actividades subvencionadas», afirma la organización, que celebrará un seminario el 31 de marzo dirigido a directivos y técnicos de las entidades del sector para analizar el impacto de la reforma legislativa.
Fuente: Europa Press
