El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha propuesto al Ministerio de Justicia modificar el procedimiento de adquisición de la nacionalidad española para no discriminar a las personas con discapacidad.
Según informa Servimedia, dentro de la regulación de la Ley del Registro Civil se establece que, en el marco de los supuestos en que una persona tiene derecho a optar por la nacionalidad española, si la persona interesada es mayor de edad o está emancipada puede hacerlo por sí sola; mientras que si la persona «está incapacitada» (terminología vigente), sólo la puede ejercer su representante legal, con autorización del encargado del Registro Civil, excepto si su sentencia de incapacitación lo permitiera.
En este sentido, indica el Cermi, se dan casos en que personas, con condiciones de ejercer este derecho, no lo pueden hacer, debido a que presentan una discapacidad, generalmente intelectual o personas con discapacidad intelectual límite.
Según el Cermi, esto se debe a que la regulación del Registro Civil no está adaptada aún a los mandatos de la Convención de la ONU, a pesar de que España la ha firmado y ratificado, así como su Protocolo facultativo, por lo que desde el pasado 3 de mayo de 2008 este cuerpo normativo internacional forma parte del ordenamiento jurídico español.
Por ello, mientras se realizan las modificaciones pertinentes para adaptar la normativa civil española a la Convención de la ONU, el Cermi propone que, cuando el interesado no esté incapacitado judicialmente y fuera una persona con discapacidad (en los términos del texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social), éste podrá solicitar los apoyos que necesite para ejercitar plenamente sus derechos en el procedimiento de adquisición de la nacionalidad española.
Asimismo, plantea que se le ofrezcan los ajustes razonables precisos para que pueda realizar las comparecencias complementarias, convenientemente apoyado y asistido para llegar a comprender cualquier pregunta o cuestión que se le plantee, sin discriminaciones ni exclusiones por razón de discapacidad, a fin de garantizar la igualdad de oportunidades.
Fuente: Solidaridad Digital
