Según el catedrático de Sociología de la Universidad de Alcalá de Henares y autor de ‘El sector de la discapacidad: realidad, necesidades y retos futuros’, Gregorio Rodríguez Cabrero, la alianza del Tercer Sector con las Administraciones Públicas “no debe basarse únicamente en una colaboración instrumental en la gestión de servicios, que no debe desaparecer, sino también y, sobre todo, en acuerdos a largo plazo en el diseño de políticas sociales y en su aplicación”.
Así lo declara en una entrevista concedida al número 90 del periódico ‘cermi.es semanal’ –órgano de expresión del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).
En este sentido, el catedrático incide en que la forja de la reforma social futura pasa por una mayor complementariedad entre el Estado y el Tercer Sector “como vía para evitar el avance de un Estado asistencial de mínimos y el retroceso de los derechos sociales”. Para él, el Tercer Sector no puede ser para el Estado un espacio para abaratar el coste de la producción de los servicios, sino el ámbito favorecedor de derechos sociales ajustados a la diversidad social y a la lucha contra la discriminación y la exclusión.
“Para que el valor sea el elemento determinante de las políticas sociales en que participa, el Tercer Sector debe potenciar y visibilizar su dimensión reivindicativa y transformadora frente a la instrumental y de corto plazo”, señala.
En esta línea, el catedrático insiste en que “nunca como ahora la presión de corto plazo –respuesta eficaz a las necesidades sociales- debe conciliarse con reflexiones y miradas a largo plazo sobre el modelo de sociedad que queremos, que, en el caso del Tercer Sector, es una sociedad más igualitaria, diversa y participativa”.
Según añade, en el contexto de crisis actual, el Tercer Sector se encuentra ante pérdidas de bienestar, extensión de las situaciones de exclusión social y laboral, presión en los hogares y familias que tienen que asumir el coste de prestaciones sociales que se han recortado, es decir, menos cohesión social e internalización por las personas y entidades sociales de los costes sociales y financieros de la crisis.
Sin embargo, también reconoce que esta crisis es una oportunidad para las personas que se ven confrontadas con la necesidad de organizarse para defender sus derechos sociales y suplir las carencias del sector público; para el desarrollo de la innovación social; para reconstruir el potencial transformador que tienen las entidades sociales, “ciertamente debilitado”, sin, por ello, dejar de prestar servicios y dar respuestas a las necesidades inmediatas de las personas.
En relación a los cambios que deben afrontar las entidades de la discapacidad para superar esta etapa y afrontar una nueva, Gregorio Fernández apunta a recuperar su función cívica y reivindicativa, avanzar en la articulación interna, ser actor imprescindible en el diseño y desarrollo de las políticas públicas, y desarrollar uno de sus valores de referencia, que es la innovación social.
Además, el autor de ‘El sector de la discapacidad: realidad, necesidades y retos futuros’ afirma que la crisis actual muestra que la articulación no sólo es un medio de defensa frente a la incertidumbre, sino la mejor forma de avanzar por parte del conjunto del Tercer Sector.
En este sentido, apuesta por superar la sectorialización y las pulsiones corporativas que emergen como consecuencia de la rutinización organizativa, al mismo tiempo que opina que los socios del movimiento asociativo no garantizan la financiación de las entidades sociales, pero las recrean y movilizan, las conectan con el conjunto de la sociedad civil, amplían su campo de misión y la exigencia de que los derechos humanos sean el referente de las políticas y entidades sociales.
En cuanto a la competencia de las empresas del sector lucrativo, el catedrático expresa que pueden ser una amenaza en el corto-medio plazo en la medida en que pueden expulsar al Tercer Sector por una mayor capacidad financiera y mediante el recurso a precios bajos. Ante esto, propone medidas como el mantenimiento del factor calidad, la colaboración en proyectos donde su valor añadido sea incuestionable, las cláusulas sociales, o la creación de economías de escala internas al propio sector.
Otra de las propuestas que manifiesta es la inversión en el empleo para personas con discapacidad, la cual “es rentable”, ya que el Estado recoge más de lo invertido en fomento de contratos en el mercado ordinario e, incluso, en el protegido.
Por último, el catedrático Rodríguez Cabrero expresa que el objetivo es “colocar en el frontispicio de las políticas de la discapacidad la Convención de la ONU”, lo cual, para él, es un objetivo a largo plazo, “es una utopía relativa, es decir, posible, realizable”.
“El clima social ha variado y sobre los modestos avances logrados cabe avanzar socialmente y, aunque pueda parecer paradójico, lo cierto es que la mayor individualización de nuestra sociedad no ha frenado el ascenso de los derechos de las personas con diversidad, cuya protección ha mejorado”, concluye.
Fuente: Servimedia
