El subdirector general de Relaciones Laborales de la Dirección General de la Función Pública del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Ángel Melchor, señaló este martes que el objetivo del Gobierno es «mantener e incrementar» el empleo público de personas con discapacidad.
Así lo dijo durante la inauguración de la VI Jornadas del Foro de la Contratación Pública Responsable, ‘RSC+D en la Administración Pública: presentación de la herramienta para la aplicación efectiva de la cláusula social’, que se celebra con la colaboración de Fundación ONCE, ‘El Nuevo Lunes’, el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y el Fondo Social Europeo.
El acto de inauguración contó con la asistencia del vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán, y la presidenta del Foro de la Contratación Pública Socialmente Responsable y presidenta de Microsoft, María Garaña.
En este marco, Melchor anunció que desde el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se va a proceder al estudio y actualización del real decreto que regula el acceso al empleo público de las personas con discapacidad y que, entre otras medidas, se extenderá la reserva de la cuota del 7% de reserva de plazas para personas con discapacidad entre los funcionarios interinos.
Según explicó, la actualización legislativa en esta materia será presentada al Consejo Nacional de Discapacidad y a la Comisión de Empleo de la Mesa General de Negociación de las Administraciones.
Melchor señaló que las cláusulas sociales son criterios en la contratación pública que incorporan aspectos de política social, lo que supone, dijo, una herramienta de máxima utilidad, ya que la contratación pública representa una parte importante del PIB.
Aseguró que estas cláusulas «ponen en valor la rentabilidad social» y contribuyen al empleo, «para que las personas con discapacidad aspiren a mejores condiciones de vida y trabajo», y, recalcó, «las administraciones públicas tienen que asumir un firme compromiso con aquellos colectivos con mayores dificultades».
«Hay que crear las condiciones entre todos para que estas cláusulas se introduzcan en la contratación pública», subrayó, y «el ahorro de costes no es incompatible con esto».
CONTRATACIÓN PÚBLICA RESPONSABLE
Durante la inauguración de la jornada, el vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán, afirmó que el Cermi y Fundación ONCE promovieron el foro para poner encima de la mesa una herramienta más, la contratación pública responsable, que en la coyuntura actual «tiene una justificación mayor».
De este modo, aseguró que la no integración de las personas con discapacidad en el empleo impide la normalización de este colectivo en la sociedad. Durán señaló que la no integración laboral, junto a la existencia de barreras físicas y mentales, genera muchos problemas para la integración de las personas con discapacidad en la vida ordinaria y su participación en sociedad.
También se refirió al marco regulatorio español en este ámbito, que calificó de «avanzado», pero, puntualizó, «las normas no siempre se cumplen ni se llevan hasta sus últimas consecuencias».
En este sentido, consideró necesario «hacer pedagogía» sobre cómo deben influir positivamente las normas en su aplicación y valorar las consecuencias positivas de hacer efectiva las normas de contratación pública.
Así, destacó la necesidad de «igualar en la salida, pero también a la llegada» en lo que se refiere a la integración laboral y «aplicar la equidad para que la igualdad sea real». «La contratación pública es un instrumento para hacer política social y conseguir que todos tengamos igualdad de oportunidades», subrayó.
ACCIÓN RÁPIDA
Por su parte, la presidenta del Foro de la Contratación Pública Socialmente Responsable y presidenta de Microsoft, María Garaña, afirmó que un 10% de la población española tiene discapacidad y el índice de desempleo entre este colectivo es de más del 50%. Por ello, dijo, «no es un tema de solidaridad sino de acción rápida».
Desde su punto de vista, en este momento de crisis la contratación pública socialmente responsable «es perfectamente aplicable sin tener que hablar de financiación adicional o subvenciones». La contratación pública, explicó, mueve actualmente el 18% del PIB, por lo que «hay que habilitar este mecanismo que ya existe».
