La Escuela Práctica Jurídica del Colegio de Abogados, junto con la Fundación Abogacía Española y FEAPS, han organizado una jornada con el objetivo de transmitir a los letrados conocimientos relacionados con los derechos de las personas con discapacidad intelectual, necesarios para una adecuada asistencia jurídica a las mismas y para evitar la vulneración de sus derechos fundamentales.
Esta jornada se enmarca en el proyecto desarrollado por la Fundación Abogacía Española en colaboración con los Colegios de Abogados, que abordará a lo largo de todo 2014 una veintena de jornadas que afectan a colectivos vulnerables, como en este caso de las personas con discapacidad intelectual, pero también menores migrantes no acompañados, víctimas de trata, víctimas de violencia de género, y otros. El propósito que se persigue con este proyecto es favorecer un conocimiento mayor y más adecuado por parte de los abogados de los instrumentos nacionales e internacionales sobre derechos humanos, así como sobre el acceso a la Justicia de los colectivos más vulnerables.
“Los derechos de las personas con discapacidad son los mismos que los de cualquier persona, se les aplica la Constitución, al igual que al resto de la ciudadanía, así como todos los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que España ha ratificado”. Con estas declaraciones han comenzado los responsables de FEAPS, la jornada sobre Las Personas con Discapacidad Intelectual ante la Justicia, celebrada esta mañana en el Colegio de Abogados de Bizkaia.
No obstante, desde la Asociación aseguran que los derechos de estas personas no se respetan a pesar de la existencia de los instrumentos jurídicos, por lo que aseguran que existe, “mucha discriminación, y no sólo en el ámbito de la justicia, sino en todos los de la vida”. Decisiones vitales acerca de su vida, “cómo y con quién vivir, en qué se quieren formar o en qué quieren trabajar, cómo disfrutar de su ocio o tener o no pareja, son decisiones que no se permite tomar a las personas con discapacidad intelectual, y que les obligan a vivir de acuerdo a un sistema de vida predeterminado en el que tienen pocas oportunidades para tener la vida que desean”, denuncian.
En lo que se refiere a la justicia, los derechos son los mismos que los de cualquier otra persona, como la obligación de informar sobre sus derechos a la hora de la detención. Eso sí, recuerdan la necesidad de hacerlo de una manera comprensible, “si esa persona tiene dificultades de comprensión, puede no entender la versión standard de los derechos que tiene uno cuando es detenido, por lo que habrá que hacerlo de forma que le resulte comprensible. En este sentido, la utilización de textos de fácil lectura es muy adecuada”, explican.
Esto se recoge en el artículo 13 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, en el que tienen derecho al acceso a la justicia en igualdad de condiciones que los demás. La convención hace hincapié en la obligación de que los operadores jurídicos dispongan de la capacitación adecuada para que este acceso de igualdad de condiciones sea real y efectivo. No obstante, este artículo no se refiere únicamente a cuando la persona sea la autora del delito, sino a cualquiera que acceda al ámbito de la justicia, ya sea en calidad de presunto autor, como víctima o testigo, ya que la mayoría de las personas con discapacidad implicadas en delitos y faltas lo hacen en calidad de víctimas.
Un estudio realizado por la Guardia Civil asegura que el 60% eran víctimas, principalmente de lesiones, amenazas, hurtos, malos tratos y delitos sexuales. El 33% autores y el 7% testigos relacionados, comunicantes o colaboradores.
Fuentes: Solidaridad Digital y FEAPS.
