– La Confederación estatal y la asociación Liber denunciaron en 2024 que la Ley 8/2021 genera una pérdida de protección para personas con discapacidad intelectual que demandan determinadas figuras de apoyo.
– Ante la negativa de Hacienda y Seguridad Social a seguir las recomendaciones de la Oficina del Defensor, el organismo pide la intercesión del Ministerio de la Presidencia y Justicia.
Tras la queja presentada en mayo de 2024 por Plena inclusión España y la asociación Liber, la Oficina del Defensor del Pueblo ha decidido elevar su actuación al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. El objetivo es resolver el bloqueo interministerial que está perjudicando la protección social y fiscal de personas con discapacidad intelectual, tras la entrada en vigor de la Ley 8/2021.
Plena inclusión recuerda que la pérdida de apoyos económicos supone un grave problema para estas personas (muchas de ellas con grandes necesidades de apoyo) y sus familias, dado el sobrecoste económico que deben asumir con el fin de garantizar la calidad de vida de sus seres queridos con discapacidad. Este es uno de los efectos colaterales que ha generado esta norma.
EL ORIGEN DEL CONFLICTO
La reforma introducida por la Ley 8/2021 buscaba fomentar la autonomía de las personas con discapacidad sustituyendo la tutela por sistemas de apoyo que tengan en consideración las decisiones y preferencias de las personas con discapacidad. Sin embargo, este cambio normativo ha generado efecto colateral por el que, por ejemplo, la Agencia Tributaria y la Seguridad Social han dejado de reconocer ciertos beneficios y deducciones a quienes ya no están bajo una «incapacitación judicial» técnica, mermando su protección en comparación con el escenario previo a 2021.
En respuesta a la queja de organizaciones con Plena inclusión o Liber, la Oficina del Defensor del Pueblo recomendó revisar con urgencia la Ley General de la Seguridad Social y la Ley del IRPF para mantener la efectividad de la protección social y fiscal en términos equivalentes a los anteriores.
Carmen Laucirica, presidenta de Plena inclusión España explica la importancia de esta acción de incidencia ante el Gobierno: “Tratamos de evitar que la reforma legal que trae la Ley 8/21, que fue diseñada para ampliar derechos, acabe convirtiéndose paradójicamente en una herramienta que recorte la protección económica y social de las personas con discapacidad y sus familias”.
SILENCIO INSTITUCIONAL
A pesar de la recomendación de la Oficina del Defensor del Pueblo, las Secretarías de Estado de Hacienda y de Seguridad Social y Pensiones respondieron negativamente en enero de 2025, rechazando los ajustes necesarios para proteger al colectivo.
Por el contrario, la Secretaría de Estado de Derechos Sociales propone, en una respuesta reciente, que la asimilación de beneficios se extienda no solo a las curatelas representativas sino también a las curatelas ordinarias. Según este departamento, la medida sería la única forma de garantizar una cobertura real y evitar que las personas con discapacidad pierdan derechos consolidados por el simple hecho de haber actualizado su régimen de apoyos.
Por último, y ante la falta de acuerdo entre los distintos departamentos ministeriales, la Oficina del Defensor del Pueblo ha iniciado una nueva vía de mediación dirigida al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
Fuente: Plena Inclusión.
