El Pleno del Senado aprobó este miércoles 12 de mayo, el Proyecto de Ley para reformar la legislación civil y procesal en lo relativo a los apoyos a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.
Una vez superado este paso, el proyecto de ley deberá volver al Congreso para ser ratificado, pero “si todo va como está previsto, podría aprobarse y publicarse en el boletín Oficial del estado (BOE) de forma definitiva antes de junio”, indicaron fuentes parlamentarias a Servimedia.
Impulsada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), esta reforma busca acabar con la incapacitación jurídica de las personas con discapacidad, y en su lugar propone todo un sistema de apoyos individualizados para que tomen sus decisiones de forma libre y autónoma.
En esta línea, se eliminan las figuras de la tutela, la patria potestad prorrogada y la patria potestad rehabilitada, consideradas como «poco adaptadas» al sistema de promoción de la autonomía de las personas adultas con discapacidad, en su lugar, el sistema de justicia deberá proporcionar a las personas que lo necesiten las ayudas y ajustes necesarios (con recursos técnicos, materiales y humanos) para llevar a cabo actos jurídicos tan diversos como casarse, comprar una vivienda o hacer testamento.
Su objetivo es adaptar la legislación civil española a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que entre otros puntos establece su igualdad en cuanto a capacidad jurídica y prohíbe la discriminación en este ámbito.
Una delegación de representantes del Cermi, Plena inclusión y la ONCE asistió de forma presencial al debate de la ley.
MEJORAS
En su redacción inicial, la reforma incidía en siete leyes (el Código Civil, la Ley del Notariado, la de Enjuiciamiento Civil, la del Registro Civil, la Ley de Patrimonio, la de Jurisdicción Voluntaria y la Ley Hipotecaria), y tras la admisión de una enmienda propuesta por el PSOE, afectará también a la Ley de Comercio.
Su paso por el Senado ha supuesto también la incorporación de medidas específicas para asegurar que todas las personas con discapacidad pueden participar en los procesos judiciales “con garantías de entender y hacerse entender”, y el reconocimiento de la figura del facilitador, un experto que podrá apoyar a la persona en cualquier momento del proceso, a fin de asegurar que entiende todo lo que sucede y ayudarle a manifestarse.
Otra de las modificaciones incorporadas al proyecto tiene que ver con la publicidad de las declaraciones de bienes en el registro civil por parte de estas personas.
Fuente: Servimedia