El derecho a la salud se recogió en la constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS) como “uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social”. Asimismo, el artículo 25 de la Convención de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, establece el derecho de las mismas a “gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad”.
Pero este derecho a la salud no es el derecho a gozar de buena salud o a estar libre de enfermedades, sino que hace referencia a la obligación que tienen los Estados de generar condiciones para que todos sus ciudadanos puedan vivir lo más saludablemente posible. Unas condiciones que incluyen la disponibilidad garantizada de servicios sanitarios y otros elementos determinantes como el acceso a condiciones sanitarias adecuadas, una nutrición conveniente, una vivienda apropiada, entornos saludables en el trabajo y el medio ambiente, acceso a la educación y acceso a información sobre cuestiones relacionadas con la salud, incluida la salud sexual y reproductiva.
FEAPS acaba de hacer público su estudio “Discapacidad intelectual y Salud: derechos, desigualdades, evidencias y propuestas”, en el que identifica una serie de factores y barreras que suponen una discriminación para estas personas en materia de salud. Este estudio confirma las desigualdades en el acceso de las personas con discapacidad intelectual a los servicios de salud y más especialmente las del colectivo con discapacidad severa y profunda. Parte de estas desigualdades pueden deberse a sus dificultades de comunicación efectiva, que obligatoriamente les hacen dependientes de terceros, pero también a que los propios servicios no son accesibles ni cognitiva ni físicamente, no garantizan la ausencia de discriminación, y sus profesionales reconocen no estar adecuadamente formados para trabajar con esta población. A todo ello se suman las políticas sanitarias derivadas de la actual crisis, y especialmente la adopción de medidas como el copago farmacéutico, que están comenzando a limitar el acceso a los servicios sanitarios por razones económicas (lo que afecta de modo especialmente negativo a las personas y familias con algún miembro con discapacidad).
El estudio revela datos alarmantemente bajos en las visitas de las personas con discapacidad intelectual a los especialistas médicos. Tomando como ejemplo al oftalmólogo, se comprueba que aunque más del 40% de las personas de la muestra emplea gafas, sólo un 13% acude a este especialista. Esto es aplicable a otras especialidades médicas como la odontología (sólo un 4,5%), la otorrinolaringología (un 9,4%), o la ginecología (un 10,4% de las mujeres). En el caso de la psiquiatría (un 13,4%) este dato es de especial gravedad ya que muchas personas con discapacidad intelectual podrían estar consumiendo psicofármacos sin una supervisión adecuada. Junto a ello, también resulta especialmente alarmante que tan sólo un 9% de las personas con discapacidad intelectual entrevistadas presente un calendario completo de vacunación, y un 67,2% no tenga información, considerando que estas personas conviven con otras muchas en los centros y residencias.
Ante esta situación FEAPS propone a los poderes públicos que analicen las razones que explican la discrepancia entre necesidades sanitarias y atención recibida en este colectivo, e identifiquen las barreras objetivas que las mantienen en situación objetiva de desigualdad respecto al resto de ciudadanos y ciudadanas. Junto a ello, también recomienda la promoción de un Plan Integral de Salud para las personas con discapacidad intelectual, y la adopción de medidas de discriminación positiva que garanticen una correcta atención de las mismas en este ámbito.
Fuente: FEAPS
