El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, Cermi, ha denunciado ante la Defensora del Pueblo que investigue el incumplimiento por parte del Gobierno de la obligación de remitir a las Cortes Generales de un informe anual sobre la aplicación la Ley 49/2007 de 26 de diciembre, por la que se establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
Según el texto de la queja, ni el Gobierno actual, ni el anterior, han atendido el mandato de la disposición adicional sexta de la Ley 49/2007 de 26 de diciembre. Este precepto ordena que al menos en los 4 años posteriores a la entrada en vigor de la Ley, se deberá remitir por el Ejecutivo a las Cortes un informe anual en el que se dé cuenta de las actuaciones efectuadas cada año en aplicación de la citada Ley, el coste económico de las mismas y la programación de las actuaciones futuras.
Además, la disposición requiere que se informe sobre las sanciones impuestas y su rendimiento económico.
Desde 2008, fecha de aplicación de esta obligación legal, ninguno de los Gobiernos que se han sucedido ha confeccionado ni remitido a las Cortes Generales el Informe mencionado, permaneciendo incumplido el imperativo legal.
Antes esta situación, el Cermi pide la intervención de la Defensora del Pueblo para que tras investigar los hechos, inste al Gobierno a hacer efectivo este mandato.
