El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha planteado a la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, la necesidad de actualizar la normativa reglamentaria de acceso al empleo público de personas con discapacidad.
En una reunión de trabajo mantenida hoy, el CERMI ha demandado la aprobación de un nuevo real decreto de acceso al empleo público de personas con discapacidad que refuerce, amplíe y actualice esta vía de inclusión laboral, en sustitución del vigente del año 2004 (Real Decreto 2271/2004).
También en el terreno laboral, el CERMI ha pedido el seguimiento estrecho de los procesos que se sigan como consecuencia del Acuerdo para la Mejora del Empleo Público de 29 de marzo de 2017, a fin de que se cumplan estrictamente las medidas de acceso al empleo público de personas con discapacidad, incluidas en las estrategias para la reducción del empleo temporal (interinidad).
En lo relativo a la mejora de las condiciones laborales y las prestaciones sociales de los empleados públicos con discapacidad o que tengan familiares con discapacidad, el CERMI ha propuesto la extensión a los funcionarios con discapacidad acogidos al régimen de clases pasivas de los beneficios en materia de jubilación anticipada de trabajadores con discapacidad existentes en el Régimen General de la Seguridad Social.
De igual modo, ha enfatizado la importancia de mejorar y ampliar las medidas sociales y de conciliación a favor de empleados públicos con discapacidad o que tengan familiares con discapacidad en su entorno familiar.
En materia de accesibilidad universal, el CERMI ha exigido cumplimiento antes del 4 de diciembre de 2017, límite temporal máximo, de los mandatos legales de accesibilidad universal de los entornos y servicios de la Administración General del Estado, incluidos los digitales.
Finalmente, el CERMI ha reclamado la reducción de cargas administrativas para las personas con discapacidad en los procedimientos administrativos generales y específicos y la instauración de medidas para facilitar que los empleados públicos que asumen responsabilidades no remuneradas en los órganos de gobierno de las entidades del Tercer Sector puedan compaginar las mismas con el desempeño de sus cometidos como funcionario público.
Además de la Secretaria de Estado, a la reunión ha asistido el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, y los directores generales de la Función Pública, Javier Pérez Medina, y de Gobernanza Pública, María Pía Junquera.
Fuente: www.cermi.es
