El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha dirigido al Parlamento una serie de propuestas de enmienda en materia social y de discapacidad al Proyecto de Ley de Desindexación de la Economía Española, el cual tiene como objetivo contribuir desde el sector público a la estabilidad de los precios y a la mejora de la competitividad mediante la eliminación de la práctica de subidas automáticas de precios en función del IPC.
Según informa Servimedia, el Cermi plantea que este Proyecto de Ley incluya exigencias sociales, tal y como establece la propia normativa sobre contratación pública vigente, a los criterios que hay que tener en cuenta en las revisiones, periódicas o no, de los valores monetarios en el sector público.
Así, propone que uno de esos criterios sea el cumplimiento de estas exigencias sociales que respondan a las necesidades propias de las categorías de población especialmente desfavorecidas, además de que sean objetivos, transparentes y no discriminatorios.
Otra de las propuestas que expone el Cermi es la modificación del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público para que los órganos de contratación administrativa exijan la acreditación del cumplimiento de la norma que obliga a las empresas de 50 ó más trabajadores a tener contratados un 2% de trabajadores con discapacidad o adoptar medidas alternativas correspondientes.
También insta a que los pliegos de las cláusulas administrativas particulares deberán incorporar en la cláusula relativa a la documentación a aportar por los licitadores, la exigencia de que se aporte un certificado de la empresa que conste tanto el número global de trabajadores de plantilla como el número particular de trabajadores con discapacidad en la misma. Y en el caso de haberse optado por el cumplimiento de las medidas alternativas previstas, una copia de la declaración de excepcionalidad y una declaración del licitador con las concretas medidas a tal efecto aplicadas.
Además, insta a introducir la reserva de adjudicación de algunos contratos a favor de los Centros Especiales de Empleo de iniciativa social, un 10% del importe total anual de su contratación en el ejercicio anterior, cuando al menos el 70% de los trabajadores afectados sean personas con discapacidad que no puedan ejercer una actividad profesional en condiciones ordinarias de mercado.
En opinión del Cermi, esta reserva es “una acción muy eficaz para garantizar el derecho a las igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en nuestro país, tal y como sucede en otros países”.
Asimismo, el Cermi considera que únicamente se podrá justificar el incumplimiento del indicado porcentaje de reserva en la falta de presentación de ofertas aceptables en los expedientes en los que solicitaron o en la no inscripción en el Registro de Contratistas de empresas que cumplan los requisitos y la adecuación al objetivo contractual reservable.
Por otra parte, al amparo de esta reserva de adjudicación, se puede prever que los órganos de contratación eximan de la obligación de constituir garantía a los centros, entidades y empresas contratados, en base a la importante función social que éstos desarrollan.
Con esta reserva, según explica el Cermi, se muestra igualmente el compromiso de las Administraciones Públicas hacia el colectivo de personas con discapacidad, aplicando medidas de acción positiva. Además, no sólo se generaría coste económico alguno, sino que incidiría muy favorablemente en la creación de empleo y en la productividad y competitividad.
Fuente: CERMI
