La Comisión de Justicia del Congreso ha aprobado el proyecto de ley por el que se reforma la legislación civil y procesal para sustituir la incapacidad judicial de las personas con discapacidad por un sistema de apoyos individualizados para que tomen sus propias decisiones de forma libre e informada.
El texto, que ha contado con el apoyo de todos los grupos a excepción de Vox que se ha abstenido, ha sido impulsado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y redactado por el Gobierno.
El objetivo de esta iniciativa, que ahora pasará a su fase de tramitación en el Senado, es cumplir con las recomendaciones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Nueva York.
La ley se centra en el término apoyo, que engloba desde la ayuda técnica en la comunicación de declaraciones de voluntad o la ruptura de barreras arquitectónicas hasta la representación o sustitución en la toma de decisiones, únicamente cuando el apoyo no pueda darse de otro modo.
Además, la modificación elimina del ámbito de la discapacidad la tutela, la patria potestad prorrogada y la patria potestad rehabilitada, figuras que no responden al sistema de promoción de la autonomía de las personas adultas con discapacidad que se propone en el anteproyecto.
También aborda la institución de la curatela, entendida desde la perspectiva asistencial, lo que obliga a modificar las leyes Hipotecaria y del Registro Civil.
LOS GRUPOS CELEBRAN LOS ACUERDOS
Del mismo modo, se reforma la ley de Enjuiciamiento Civil en relación al ejercicio de las acciones de determinación o impugnación de la filiación, en los procedimientos de separación y divorcio y en el procedimiento para la división de la herencia. Por último, la ley del Notariado se acomoda terminológicamente a estos cambios.
La mayoría de grupos parlamentarios han destacado el trabajo y el consenso logrado durante los trabajos de tramitación en el Congreso que, según ha explicado el portavoz del PSOE en este debate, Miguel Ángel González Caballero, ha derivado en la retirada de dos tercios de las enmiendas presentadas.
De hecho, la sesión de este martes ha aprobado una decena de enmiendas transaccionales, de mejoras técnicas, que han sido negociadas por la mayoría de grupos.
«Creo que un trabajo como el que se ha seguido en esta ponencia nos reconcilia en tiempos tan convulsos con la política», ha señalado la portavoz del PP en materia de Justicia, María Jesús Moro, antes de señalar que en este caso se ha hecho «buena política» que es «la que busca soluciones para mejorar la vida de las personas».
La ‘popular’ ha celebrado que este ambiente haya permitido «mejorar» el proyecto inicial del Gobierno para «ajustarlo» más al Convenio con la ayuda de entidades, juristas y otros profesionales expertos en esta materia. A su juicio, se ha conseguido «contribuir a la plena integración» del colectivo con discapacidad y se ha dado «un paso más al reconocer su plena capacidad jurídica» en materia de divorcio, relaciones familiares, contratación o sucesiones, entre otras.
