El Consejo Territorial de Dependencia, que ha reunido este miércoles al ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y los responsables autonómicos del ramo, ha acordado elaborar una norma para unificar la tarjeta de estacionamiento reservado que utilizan las personas con discapacidad, a fin de que exista un solo modelo válido en todo el territorio nacional.
Según ha informado la ministra Ana Mato al término de la reunión, se trata de evitar «casos en los que que las tarjetas no eran reconocidas en municipios y comunidades autónomas distintas» de la de expedición. A esta tarjeta podrán acceder además quienes trabajan con personas con discapacidad y que utilizan un vehículo para sus traslados.
En paralelo, el Consejo ha aprobado la creación de una tarjeta temporal especial para personas con una enfermedad grave, recogiendo así una reivindicación tradicional de la Asociación Española contra el Cáncer. La tarjeta les permitirá aparcar en las plazas reservadas para personas con discapacidad, por ejemplo, en los complejos hospitalarios, tal y como ha dicho la ministra.
En el Consejo Territorial, que se ha prolongado cinco horas, se han abordado además otros asuntos, como el fondo extraordinario para pobreza infantil que se repartirá en función de la tasa de exclusión de cada comunidad autónoma y no de su población o la evaluación anual de la Ley de Dependencia, de la que ha dado cuenta, junto a la ministra, el director General del IMSERSO, César Antón.
Según han asegurado, al cierre de 2013 había «más beneficiarios con prestación» en el sistema que en 2011, con 753.842 frente a 738.587 y que «el 80% de los beneficiarios con derecho a prestación ya la tienen concedida». Asimismo, la ministra ha incidido en que «la lista de espera se ha reducido un 37,73%» en ese periodo y un 39,8% si la comparación se hace con los datos actuales, de manera que se ha alcanzado «la cifra más baja desde la implantación de la ley».
Mato ha explicado además que se han regularizado 25.000 expedientes de los que el Tribunal de Cuentas señaló irregularidades y que en el sistema «ha aumentado la atención a través de servicios profesionales», que ya son el 56,79% de las prestaciones y han supuesto la creación de 7.437 nuevos puestos de trabajo en el sector de los Servicios Sociales.
Por otra parte, la ministra ha informado a los consejeros de la ampliación anunciada ya por el Ministerio de Economía, de los requisitos para acceder a una vivienda del Fondo Social,creado en en enero del año pasado con 6.000 viviendas de las que hasta abril se habían adjudicado unas 750.
Las familias con hijos menores de 18 años que tengan problemas para pagar su vivienda o se encuentren en riesgo de desahucio, los jubilados o prejubilados que se hayan endeudado avalando a sus hijos o nietos, las personas con discapacidad o dependencia para las que la vivienda sea un factor de inclusión social, y aquellas personas en situación de vulnerabilidad detectadas por los servicios sociales podrán acceder a esta ayuda.
Asimismo, el Consejo Territorial ha abordado la necesidad de elaborar la Estrategia para Personas Sin Hogar prevista en el Plan de Inclusión Social que el Gobierno aprobó el pasado mes de diciembre. Los responsables autonómicos y la ministra han acordado crear un grupo de trabajo que elaborará un documento base para empezar. El objetivo es que la estrategia esté lista en el primer trimestre de 2015.
Fuente: Europa Press.
