La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales propone revisar «en profundidad» el modelo de relaciones laborales, llevar a cabo una reforma fiscal «justa y progresista» e impulsar la ley de dependencia, en el documento con las conclusiones del Debate sobre el Estado social de la nación 2013.
Estas propuestas, según adelantan, están destinadas a reducir las desigualdades que, a su juicio, «son la causa de que España tenga tantas dificultades para salir de la crisis y para que las mejoras económicas repercutan en las condiciones de vida de la inmensa mayoría de la población».
En primer lugar, ante las «ineficaces» reformas para crear empleo, sugieren modificar «de manera radical» el modelo de relaciones laborales con el fin de mejorar las condiciones de vida de las personas y las familias en España y de «evitar que se siga agudizando la pobreza y la exclusión social».
Concretamente, proponen una mayor regulación y protección de los derechos de los trabajadores y defienden que la estabilidad en el empleo y unas condiciones de trabajo y unos salarios dignos no son incompatibles con el desarrollo económico.
Otra de las conclusiones pone el acento en la necesidad de «corregir los desajustes estructurales que afectan a la fiscalidad en España»; de reducir la brecha de nueve puntos porcentuales que separa al país de la media europea en ingresos fiscales en relación con el PIB; y de avanzar en una fiscalidad «donde cada cual contribuya en función de su capacidad económica».
Asimismo, alertan de «los cantos de sirena» de las bajadas de impuestos generalizadas que, a su juicio, «se han de compensar con el incremento de la fiscalidad a las grandes fortunas, a los beneficios de las sociedades y, sobre todo, al capital financiero y sus actuaciones especulativas».
Por ello, entre sus propuestas para la Reforma Fiscal en España se encuentran: suprimir los regímenes privilegiados en el Impuesto de Sociedades; establecer un sistema de tributación objetiva para grandes empresas; recuperar los impuestos de Patrimonio y Sucesiones; establecer medidas que penalicen la utilización de entidades radicadas en paraísos fiscales; crear un impuesto de transacciones financieras que penalice la especulación; crear ecotasas medioambientales; rebajar los tipos de IVA general y reducido; incrementar las plantillas de inspectores y técnicos de Hacienda; y reforzar los sistemas públicos de participación de los ciudadanos en la lucha contra el fraude.
ENMIENDAS A LA REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
No obstante, los directores de Servicios Sociales aseguran que la «mayor amenaza» que se cierne sobre ellos es el proyecto de reforma local que se está debatiendo actualmente en el Congreso que «extirpará las competencias en servicios sociales y promoción social de los ayuntamientos españoles».
«Las comunidades autónomas no podrán asumir todos esos servicios, como se plantea», apuntan, para añadir que «cuando en pocos años surjan entornos urbanos tremendamente degradados y llenos de miseria, los ayuntamientos no tendrán ninguna capacidad de respuesta, ni preventiva ni paliativa, más allá de la respuesta policial.
Ante esta situación, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha presentado este jueves en el Congreso de los Diputados dos propuestas de enmiendas al Proyecto de Ley de Racionalidación y Sostenibilidad de la Administración Local, en las que reclaman «aclarar el nivel competencial de las entidades locales en servicios sociales» y «ampliar a cinco años el plazo para que las entidades locales realicen la transferencia a las Comunidades Autónomas».
Finalmente, consideran necesario un Pacto de Estado para la aplicación y el mantenimiento de la Ley de la Dependencia, cuyos ejes serían: el mantenimiento de la tasa de reposición, es decir, que el Sistema incorpore al menos un nuevo beneficiario por cada beneficiario que cause baja en el mismo, y el impulso de servicios profesionales como la Ayuda a Domicilio, los Centros de Día y las Plazas residenciales.
Fuente: Europa Press
