El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy viernes 26 de agosto, el proyecto de Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, que consolidará las políticas autonómicas dirigidas a este colectivo de más de 700.000 personas en la comunidad (el 61% mujeres y casi el 10% de la población total). La norma partirá de los avances conseguidos con la ley de 1999 ahora vigente, cuyo desarrollo se concreta actualmente en un presupuesto anual que supera los 1.300 millones de euros.
El proyecto, que será remitido al Parlamento andaluz para su aprobación definitiva, acomete reformas en profundidad con el objetivo de avanzar hacia una sociedad más justa, inclusiva y accesible, primando la garantía de derechos de igualdad de oportunidades más allá del enfoque asistencial. De acuerdo con las exigencias de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificado por España, incorpora la consideración de las condiciones externas de tipo social junto con las circunstancias personales o de salud. Se actualiza así un concepto legal hasta ahora centrado en un modelo médico-rehabilitador.
A diferencia de la ley de 1999, se reconocen las situaciones de especial vulnerabilidad dentro de la discapacidad, como la pluridiscapacidad, y se prevén las necesidades de apoyo a la toma de decisiones de las personas afectadas. De igual modo, la norma considera el mayor riesgo de sufrir abusos que presentan las mujeres y las niñas de este colectivo y establece las correspondientes medidas para su incorporación a las políticas sobre violencia de género. Entre ellas destacan la adecuación de las casas de acogida y la implantación de servicios de atención telefónica a mujeres sordas mediante sistemas similares a la videoconferencia.
Igualmente novedoso es el reconocimiento del uso de los perros de asistencia, aquellos que han sido adiestrados específicamente para el acompañamiento, conducción, ayuda y auxilio de las personas con discapacidad. Se trata de una categoría general que incluye los perros guías para invidentes y que deberá regularse en el plazo de un año a partir de la aprobación de la nueva ley por el Parlamento. Respecto a las medidas para favorecer la movilidad, también se concederá la tarjeta de aparcamiento para personas con discapacidad a vehículos de transporte colectivo.
En el ámbito formativo y del empleo la principal novedad es el establecimiento de una reserva para personas con discapacidad del 3% del número de plazas (con un mínimo de una) en los cursos de formación para el empleo organizados por la Administración autonómica. Esta cifra se eleva al 5% en el Programa de Escuelas Taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo, un cupo igualmente de nueva creación. Además, prevé otra reserva en las bolsas de trabajo temporal de empleo público, que será concretada en un posterior desarrollo reglamentario.
También en el área laboral, la futura ley obligará a mantener en vigor un plan de empleabilidad con medidas específicas tanto en el ámbito público como en el privado, y con un enfoque de género para intentar igualar las tasas de hombres y mujeres con discapacidad.
Fuente: juntadeandalucia.es
