– Plena inclusión estima que la aplicación de medidas de prevención frente al COVID durante el confinamiento en sus centros y servicios ha supuesto un aumento del 30% del coste por plaza. Por ello, esta organización considera que el impulso de los planes contingencia acordado por las administraciones debe ir acompañado de recursos suficientes para realizar todas las medidas con garantías de urgencia y seguridad.
– Junto a ello, Plena inclusión reclama que estos planes se desarrollen en condiciones que aseguren la autodeterminación de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo residentes, a través de medidas como la accesibilidad a la información, el apoyo a la toma de decisiones, la planificación centrada en la persona y su familia, etc.
El Gobierno, las Comunidades Autónomas y la Federación Española de Municipios acordaron ayer un plan de respuesta coordinada ante posibles rebrotes del COVID-19 en residencias. Este plan trata de unificar esta reacción, a través de una serie de medidas como la adaptación a las residencias del Plan de Respuesta Temprana frente a la covid-19, y la difusión de una lista de verificación con las condiciones mínimas que deben cumplir los planes de contingencia en este tipo de centros y servicios.
Este acuerdo ha sido adoptado en una reunión entre el Secretario de Estado de Servicios Sociales, Nacho Álvarez, y representantes de las Comunidades y los Municipios, tras el conocimiento de nuevos rebrotes en centros residenciales.
Las medidas comprometidas por estas administraciones incluyen que las residencias se coordinen con el sistema de salud para realizar periódicamente pruebas de diagnóstico a residentes y personal; y que tengan un plan sobre las visitas de familiares (incluyendo alternativas como las videoconferencias) y sobre las salidas del centro en función de los diferentes escenarios. En los centros más grandes, también se recomienda como medida preventiva la sectorización en unidades de convivencia para reducir el contacto entre residentes. Ante la aparición de casos de COVID, los protocolos también incluyen medidas como la notificación obligatoria, el aislamiento y el confinamiento de los contactos estrechos.
Plena inclusión –que cuenta con 17.000 plazas residenciales para personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en toda España–, valora el esfuerzo de las administraciones españolas por coordinar la respuesta frente a posibles rebrotes en estos centros especialmente castigados durante estos meses por la pandemia. Pero sigue viendo con preocupación que este esfuerzo no vaya acompañado de una donación económica suficiente para poder aplicar los planes de contingencia en estos centros y servicios con garantías de urgencia y seguridad.
Con los datos recabados en sus residencias y viviendas tuteladas, Plena inclusión ha estimado que la aplicación de este tipo de medidas durante periodo de confinamiento, supuso un aumento del coste medio por plaza del 30%. Dentro de este sobrecoste, la partida que ha implicado mayor aumento ha sido la del personal (51%), seguida por los gastos generales (EPIS, test y productos de limpieza) con un 44%, e inversiones –como acondicionamiento de espacios u ordenadores para teletrabajo–, con un 5%.
La semana pasada, tanto el presidente de Plena inclusión España, Santiago López, como su director, Enrique Galván, en sendas intervenciones en Televisión Española y Radio Nacional, afirmaban: “nuestros centros y servicios deben reforzar la limpieza, asegurar los controles sanitarios, garantizar la distancia de seguridad…” en definitiva, realizar sus planes de contingencia y aplicar las medidas recogidas en los mismos”. Pero “sin ayudas de las administraciones, será imposible mantener el nivel de gasto derivado de estas acciones”.
Fuente: Plena Inclusión.
