Es la voz más representativa del Gobierno español en los asuntos concernientes a las personas con discapacidad y ocupa tal responsabilidad desde enero de 2012, con Ana Mato al frente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Entusiasta de su trabajo, se muestra optimista sobre los avances conseguidos en los últimos 18 meses, a pesar de la constante amenaza que la crisis económica siembra sobre los grupos sociales más vulnerables.
Para llegar al departamento dirigido por Mato, Tremiño abandonó diversas responsabilidades, como director corporativo de Fundosa Grupo y presidente ejecutivo de Fundosa Accesibilidad, vicepresidente del Círculo de la Sanidad; patrono de Fesvial (Fundación Española para la Seguridad Vial), la Fundación Deporte y Desafío, la Fundación Sanitas, y miembro de la Junta Directiva de Aesmide (Asociación de Empresas Contratistas con las Administraciones Públicas).
Licenciado en Derecho por la Universidad Oberta de Cataluña y con un MBA de Dirección de Empresa del Instituto de Empresa IE Business y un Máster en Programa de Liderazgo de Gestión Pública por el IESE Business School-Universidad de Navarra, Ignacio Tremiño fue concejal de Acción Social del Ayuntamiento de Valladolid entre 1999 y 2000, para dedicarse después a ejercer diversas responsabilidades dentro de Ceosa y Fundosa, y ha retomado su dedicación a la cosa pública volcándose de lleno en una causa en la que cree firmemente: las personas con discapacidad.
El Gobierno ha tomado una serie de medidas en torno al Tercer Sector, que las estaba reivindicando desde que se constituyera la plataforma hace año y medio. ¿Qué significa para el Gobierno esta nueva regulación del Tercer Sector?
El gran avance desde el punto de vista de la discapacidad y del Tercer Sector, en general, es la constitución de la Mesa para el Dialogo Civil. Además, es una Mesa en la que se está trabajando activamente. Desde que se constituyó, nos hemos reunido todos los meses y se celebran comisiones especificas para cada actividad, donde se pone encima de la mesa toda la problemática del Tercer Sector y donde se buscan soluciones de forma consensuada y con una colaboración desde el punto de vista institucional de las entidades del Tercer Sector como no he conocido nunca.
En este sentido, el propio secretario de Estado de Servicios Sociales, un hombre con una dilatada experiencia política, ha afirmado que la colaboración de las entidades del Tercer Sector está enfocada a la búsqueda de soluciones a los problemas que se plantean. Con todo esto, quiero decir que es una Mesa para el Diálogo Civil en la que realmente se están consiguiendo muchos avances.
El primer gran avance por el que se puso a trabajar la mesa fue la posibilidad de sacar subvenciones con cargo al IRPF para las entidades del Tercer Sector, con el más absoluto respeto a la sentencia del Tribunal Constitucional y a las competencias de las comunidades autónomas. Con esto, lo que se pretendía era tener una herramienta que le sirva al Estado de cohesión en todo el territorio nacional y con la que se pueda impulsar todas aquellas políticas en materia de ayuda a las personas más vulnerables, que son las que están representadas por las entidades del Tercer Sector.
Estamos orgullosos del trabajo realizado en la Mesa para el Diálogo Civil y de lo que se está consiguiendo. Por supuesto que este mérito no es sólo de las personas, sino, fundamentalmente, de las entidades del Tercer Sector, que están trabajando de forma muy responsable, seria y coordinada con la Administración en la búsqueda de soluciones. Como bien dice el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, la Plataforma es esa red última en la que se apoyan todas las personas más vulnerables donde están también las personas con discapacidad.
¿Qué otros temas pueden desarrollarse en el futuro?
Estamos trabajando paralelamente en la Ley General de la Discapacidad, que queremos que vea la luz en diciembre de este año. La forma de avanzar en la elaboración de esta ley es en colaboración desde el minuto uno con todas las entidades implicadas. Para nosotros es un orgullo haber conseguido esa compenetración a la hora de trabajar y poner en marcha proyectos legislativos como éste.
Por otro lado, no olvidemos que la Ley General de la Discapacidad es un texto refundido que era absolutamente necesario, ya que han transcurrido más de 30 años desde la primera ley general de la discapacidad. Este nuevo texto refundido ayudará a clarificar y homogenizar la normativa en materia de discapacidad y, sobre todo, traerá mayor trasparencia en este ámbito legislativo, lo que se traducirá, a su vez, en una mayor seguridad jurídica para las personas con discapacidad.
Amén de este trabajo conjunto que estamos realizando con la Ley General de la Discapacidad, en la agenda de la Mesa de Diálogo hay otros asuntos, como pueden ser la Ley de Mecenazgo y la futura Ley del Tercer Sector.
¿Algún día será posible la Ley de Mecenazgo?
Estoy seguro de que sí. Además, es deseo del Gobierno que así sea. Todavía no hemos empezado a trabajar con las entidades porque éstas nos marcaron otras prioridades, que eran, precisamente, el IRPF y las subvenciones de mantenimiento de las entidades del Tercer Sector, pero sí que es verdad que está en la agenda.
¿En qué punto se encuentra la Ley General de la Discapacidad?
Es un texto refundido, con lo cual no tiene tramitación parlamentaria. Se trata de un real decreto legislativo y lo aprueba el Consejo de Ministros. Ahora mismo, se está trabajado conjuntamente con el Cermi y con las entidades de la discapacidad. Se ha solicitado a todas las entidades y empresas que da alguna manera algo tienen que ver con el mundo de la discapacidad, así como a las comunidades autónomas y al resto de centros directivos del Gobierno de España observaciones que ahora mismo se están recogiendo y que serán enviadas al Consejo de Estado para que el real decreto pueda ser aprobado dentro del plazo que nos hemos propuesto.
Si se trata de una refundición de varias leyes, ¿no habrá nada nuevo?
Desde el punto de vista técnico es así, pero en la práctica la novedad es que se aclara un poco los aspectos normativos que hay hasta ahora, y eso implica mayor seguridad jurídica para las entidades que trabajan para favorecer la calidad de vida de las personas con discapacidad.
El 21 de diciembre de 2011, Mariano Rajoy tomó posesión como presidente del Gobierno. Un año y medio después, ¿qué balance hace en relación a las políticas de discapacidad?
Hemos trabajado sin descanso, no sólo este director general, sino todo el equipo que tengo, del que, además, estoy orgulloso, ya que he encontrado con personas y con verdaderos profesiones, tanto en la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad como en el Real Patronato sobre Discapacidad. Lo digo con letras mayúsculas. He encontrado el apoyo de personas que están implicadas, que conocen la discapacidad y que, desde luego, creen en ella y eso es fundamental para poder sacar adelante cualquier tipo de trabajo.
Pero, ¿cuál es el resumen desde el punto de vista legislativo?
Creo que el resumen es que la discapacidad ha estado permanentemente en la agenda política del Gobierno de España, en todas aquellas medidas que se han tomado en cualquier en cualquier centro directivo, donde ha habido medidas de acción positiva que han singularizado la situación de las personas con discapacidad.
El Gobierno ha tenido en cuenta la discapacidad de una manera trasversal en todos los ministerios…
Si, en todas las políticas del Gobierno. Por poner un ejemplo, una de las prioridades que se realizaron desde la llegada del equipo y, desde luego, muy reclamada por las entidades de personas con discapacidad, fue la reforma del Real Patronato de la Discapacidad. También se recuperaron las medidas estatales de fomento del empleo a las personas con discapacidad, que habían sido derogadas en el ejercicio anterior con la reforma laboral, lo que implica que estamos en la dirección positiva. En el último cuatrimestre de 2013, el empleo de las personas con discapacidad ha crecido un 6,5% con relación al último cuatrimestre del año anterior, que, unido a que durante el año 2012 creció un 3,5% en relación al 2011, indica que, a pesar de que estamos viviendo de situación complicada, las políticas que estamos llevando a cabo en materia de empleo y discapacidad son positivas, ya que la mayor inclusión, y lo dice una persona con discapacidad física, es la inserción laboral. El empleo es el primer paso para que, al final, cualquier persona con discapacidad se sienta un miembro más de la sociedad con todos los derechos y todas las obligaciones.
Otro ejemplo es la Ley de Deudores Hipotecarios, en donde se tuvo en cuenta a las personas con discapacidad a través de medidas de acción positivas específicas, de manera que se suspendieran automáticamente los lanzamientos en los domicilios en lo que estuviera cualquier familiar con discapacidad. También se ha reformado la ley que afecta a las hipotecas inversas para que las personas con discapacidad puedan ser beneficiarias de dicha hipoteca con las medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de la vivienda.
También se reformó la Ley para que cualquier arrendatario con discapacidad o mayor de 70 años pudiera realizar en el interior de su vivienda todas las reformas necesarias para adaptar esa vivienda a las necesidades de su discapacidad. Éste era otro de los aspectos que históricamente habían sido reclamados por las personas con discapacidad y que se ha llevado a buen término en estos últimos meses.
Algo que era altamente solicitado, sobre todo por las familias de personas con discapacidad intelectual y que marca un antes y un después, es el Convenio Especial de Seguridad Social para Trabajadores con Discapacidad, que implica que cualquier persona con discapacidad intelectual que no estuviera trabajando, o que trabajara pero que no tuviera cotizado el tiempo suficiente que le pudiera generar una prestación, tendrá la posibilidad de cotizar por sí mismo para completar los años o el tiempo que fuera necesario para tener derecho a cualquier tipo de prestación. Esto ha sido también un derecho que había sido históricamente reclamado por las organizaciones de personas con discapacidad y que, afortunadamente, hemos podido poner en marcha en este último año y medio.
No menos importante es la reforma del Real Decreto del Foro de Cultura Inclusiva porque también las personas con discapacidad tenemos derecho a disfrutar de la cultura, del ocio y del tiempo libre y, sobre todo, porque genera empleo para personas con y sin discapacidad. En el Real Decreto Ley de apoyo al emprendedor y estímulo del crecimiento de la creación de empleo también ha habido medidas de acción positivas a favor de las personas con discapacidad.
La Ley de rehabilitación, de generación y renovación urbana permite como novedad ocupar suelo público para instalar sensores y eliminar barreras en edificios. En mucha ocasiones, había interés en reformar la vivienda, por ejemplo en instalar un ascensor, pero no se podía, ya que no había sitio físicamente para poder instalar el ascensor y no se podía ocupar el suelo público. Esta ley permite eso y, además, incluye una novedad, que consiste en la colaboración directa de las asociaciones. Con esto, se demuestra que lo que comentaba sobre la mesa de diálogo con el Tercer Sector: se está tratando de forma trasversal, ya que todos aquellos foros en los que la discapacidad tiene algo que decir va a tener representación y capacidad de obrar, con lo cual se va a tener en cuenta desde el punto de vista legislativo la voz de la discapacidad.
En la modificación de la famosa Ley de Tasas también hubo una medida de acción positiva a favor de las personas con discapacidad. Cuando una persona de este colectivo sea víctima de situación de abuso o maltrato, estará exenta de cualquier tipo de tasa, independientemente de su umbral económico o de sus ingresos económicos.
El real decreto que regula la condición de asegurado y beneficiario a efectos del sistema nacional de salud deja claro que cualquier persona con discapacidad, independientemente de su situación, será beneficiario o asegurado del Sistema Nacional de Salud, con lo cual tendrá la asistencia sanitaria siempre garantizada y gratuita.
La Ley de Ordenación de Trasportes Terrestres incluye entre sus novedades que los vehículos de trasportes de viajeros deben siempre cumplir las condiciones básicas de accesibilidad. Además, incorporar a las asociaciones de personas con discapacidad en el Consejo Nacional de Trasportes Terrestres es otro avance y otro ejemplo de que la discapacidad va a tener voz directa en aquellos foros donde tenga algo que decir.
Hemos estado muy activos y todo lo anteriormente explicado es un ejemplo de lo que estamos haciendo. Evidentemente, somos conscientes de que estamos en un contexto complicado y de que el año pasado fue un año complejo, pero, sin embargo, la discapacidad siempre ha tenido un trato específico para el Gobierno, una singularidad con la que se ha garantizado que la personas con discapacidad no sufran de forma directa la situación que estamos viviendo y que tengan un trato preferente como personas diferentes que son.
En diciembre estaremos en el ecuador de la actual legislatura. En esa recta final, ¿cuáles serán las prioridades en materia de discapacidad?
Hay una prioridad, y es que la discapacidad esté viva y presente en la agenda política del Gobierno de España y de todos los centros directivos de todos los ministerios. En este sentido, estamos trabajando para que la discapacidad esté presente en todas las leyes presentes y futuras que el Gobierno ponga en marcha. Tal vez, el Tercer Sector será el protagonista de la ley estrella de la segunda parte de la legislatura, como ha sido, es y será la Ley General de la Discapacidad en esta primera parte de la legislatura.
La Convención Internacional de las Personas con discapacidad ha cumplido cinco años desde su entrada en vigor. ¿En qué medida cree que se está aplicando al ordenamiento jurídico español?
Se está aplicando de la medida más correcta que se podía aplicar, que es cumpliendo los plazos de la aplicación de la Convención desde el punto de vista de la trasposición de la legislación española. Prueba de que se esta haciendo bien y se está haciendo conforme a lo que la propia Convención establece es que el próximo 9 de septiembre la Reina de España, la ministra Ana Mato y el presidente del Cermi recogerán el premio Franklin Delano Roosevelt, que es, de forma oficiosa, el Nobel de la discapacidad. Este galardón le ha sido concedido a España precisamente por la aplicación de la Convención a la legislación nacional y, desde luego, como consecuencia de la garantía de los derechos de las personas con discapacidad que estamos aplicando en España.
Hay mucha normativa sobre la discapacidad en España, pero según algunos expertos de la discapacidad, esta normativa no se aplica convenientemente. ¿A qué se debe?
Yo discrepo. Es verdad que la aplicación práctica de la normativa no es inmediata, es decir, desde que se crea una ley hasta que luego llega a una persona con discapacidad y puede disfrutar de los derechos que se garanticen en ese ley pasa un tiempo. Pero si comparamos nuestras políticas de discapacidad con las de otros gobiernos, somos un país avanzado no sólo desde el punto de vista legislativo, sino en la aplicación de la ley y en la calidad de vida de las personas con discapacidad. En este sentido, debemos estar orgullosos de ello porque eso no es mérito ni de este Gobierno ni de gobiernos anteriores, es mérito de la sociedad civil, de las personas con discapacidad y de las organizaciones de las personas con discapacidad.
Por lo tanto, creo que ese mérito compartido se lo debemos sobre todo a esa seriedad y compromiso a la hora de trabajar de las organizaciones y a las entidades que han entendido que sólo de una forma constructiva, con lealtad institucional y exigiendo se puede llegar a una solidez en materia de derechos de la discapacidad, que es difícil que se pueda romper por parte de ninguna administración ni por parte de cualquier situación de crisis, como la que estamos viviendo ahora.
¿Para cuándo un espacio sociosanitario adecuado?
Está en la agenda de la ministra y estamos trabajando en ello porque también ha sido reclamado por las entidades del Tercer Sector y por las personas con discapacidad, en particular, para que los recursos que tenemos sean utilizados con la mayor eficiencia posible. Es obligación, pero también es devoción, si se me permite, de este Gobierno trabajar en ese espacio sociosanitario, en el que ya hemos empezado a ocuparnos.
La aplicación de la Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia tiene distintas velocidades en función de donde se aplique. ¿Es necesario darle una vuelta de tuerca?
No es necesario dar una vuelta de tuerca. Lo que era necesario es lo que la propia ley obligaba, es decir, un análisis de la aplicación de la ley y de cuáles eran las luces y las sombras. Esto se ha hecho, se ha puesto negro sobre blanco, se ha visto qué cosas han fallado y, desde luego, se están poniendo los mecanismos para mejorarlo y para que se beneficien las personas en situación de dependencia.
¿Qué podría destacar sobre el Plan de Acción para la Estrategia Española de Discapacidad 2013-2015?
Tiene medidas muy concretas y muy específicas en materia de discapacidad, pero son, sobre todo, la hoja de ruta a seguir para la propia aplicación de la Convección y para lo que estamos haciendo en el día a día desde el punto de vista legislativo, de aplicación y de acciones concretas. Nos sirve como un termómetro de la aplicación y de la agenda propia de trabajo.
¿De qué se siente más orgulloso en este año y medio de trabajo en la Administración?
Soy una persona con discapacidad sobrevenida. Llevo 23 años en silla de ruedas y cuando tuve mi accidente nunca en la vida imaginé que iba a tener una vida tan intensa desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista personal. Y, desde luego, nunca imaginé que iba a tener la oportunidad de trabajar para el Gobierno de España, incluso en situaciones de crisis. Con mi trabajo, aprendo día a día de las políticas que tengo que aplicar, pero, sobre todo, me siento orgulloso de trabajar en algo tan apasionante como son las personas con discapacidad.
Sólo tengo que decir una cosa negativa y es que este esfuerzo que estoy haciendo en beneficio de las personas con discapacidad implica también un esfuerzo personal. Tengo una familia a la que quiero mucho y me ha ayudado a salir siempre adelante, tanto mi mujer como mi hija. Por eso me duele no dedicarles el tiempo que debería y que se merecen. Espero que les pueda compensar algún día.
En todo este tiempo, el Gobierno ha aprobado muchas medias y la agenda ha estado bastante completa de actividades, pero ¿hay algo negativo?
La crisis afecta a todo el mundo, incluidas las personas con discapacidad, que es un grupo de personas más vulnerables a la crisis. Afortunadamente, estamos poniendo todos los resortes necesarios para que la crisis afecte lo menos posible. Prueba de ello son todos los ejemplos que he expuesto anteriormente.
Otra cosa negativa son las deudas de las administraciones territoriales. Recordaréis la famosa marcha de la discapacidad en diciembre del año pasado. El principal problema que planteaban las entidades, y así se lo trasladaron a la ministra Mato y al ministro Montoro en una reunión que hubo unos días previos a la marcha, eran las deudas que tenían las administraciones autonómicas y locales, que estaban ahogando a las entidades del Tercer Sector. En este sentido, tal vez teníamos que haber reaccionado antes, pero esta situación no era fácil. En cualquier caso, eran necesarias medidas legislativas y jurídicas que ya se han puesto en marcha.
Éste es un punto un poco negativo, pero nada que sea directamente achacable al Gobierno porque es verdad que las personas con discapacidad y las personas más vulnerables están sufriendo la crisis, pero también es verdad que desde el minuto uno han sido prioritarias para este ministerio y, por ende, para este Gobierno, y a las pruebas me remito en todo lo que hemos avanzado.
