Las Naciones Unidas están interesadas en cómo la Unión Europea (UE) está aplicando la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, un firme compromiso adquirido por Bruselas en el marco de la Estrategia de la Unión Europea en materia de discapacidad 2010-2020.
La Convención de la ONU en materia de discapacidad ha sido el primer instrumento jurídico que fija las normas mínimas para el conjunto de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales de este colectivo en todo el mundo.
Tal y como informa la Comisión Europea, además de la ONU, la propia UE quiere saber la evolución de su trabajo en esta materia tanto en su conjunto como institución, como en cada uno de los Estados miembro, es por ello que el Comité de la ONU compuesto por expertos independientes examinará por primera vez los esfuerzos realizados. Los resultados del examen serán publicados los próximos 27 y 28 de agosto en Ginebra.
LA UE, PRIMERA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL EN RATIFICAR LA CONVENCIÓN
La UE firmó por primera vez la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad el 30 de marzo de 2007. Desde entonces ha sido firmada por la totalidad de los 27 países que conformaban en ese año la Unión Europea, junto con otros 120 Estados de todo el mundo.
Tras la conclusión del procedimiento de ratificación, la UE se convirtió en la primera organización internacional que ha llegado a ser parte oficial en la Convención.
Con este gesto Bruselas quiso reflejar su compromiso global por construir una Europa libre de barreras para los aproximadamente 80 millones de personas con discapacidad de la Unión, tal y como establecía en la Estrategia de la Unión Europea en materia de discapacidad.
¿Qué supone esta ratificación? Las obligaciones que adquirió en aquel momento y que van a ser examinadas se centraban en garantizar que «toda la legislación, las políticas y los programas a nivel de la Unión Europea cumplen las disposiciones de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, dentro de los límites de las responsabilidades de la Unión Europea».
Asimismo, los Estados miembro ratificadores ha de adoptar firmemente medidas en cuanto al «acceso a la educación, empleo, transporte, infraestructuras y edificios abiertos al público, concesión del derecho de voto, mejora de la participación política y garantía de la plena capacidad jurídica de todas las personas con discapacidad».
La entonces vicepresidenta de la Comisión Europea, Viviane Reding, también comisaria de Justicia manifestaba que «se trata de un hito en la historia de los derechos humanos, al ser esta la primera vez en que la Unión Europea llega a ser parte en un tratado internacional de derechos humanos».
La UE recuerda que una de cada seis personas de la Unión Europea -unos 80 millones- padece una discapacidad que va de leve a grave y que más de un tercio de las personas mayores de 75 años padecen discapacidades que las limitan en cierta medida. Una tasa que, teniendo en cuenta ritmo de envejecimiento, irá incrementándose. «La mayoría de estas personas se ven demasiado a menudo incapacitadas para participar en la sociedad y la economía debido a las barreras físicas o de otro tipo, así como a la discriminación».
Fuente: Solidaridad Digital
