El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad ( CERMI) ha instado a las Comunidades Autónomas a promover cambios legislativos para reservar un porcentaje de sus licitaciones públicas en favor de centros especiales de empleo de iniciativa social, como vía para generar empleo con destino a personas con discapacidad.
La posibilidad de reservar un tanto por ciento de contratos públicos a centros especiales de empleo- empresas productivas que tienen al menos un 70% de empleados de discapacidad está recogida en la actual ley de contratos del sector público, que la establece como facultativa para el órgano contratante, pero no como obligatoria.
Dado que esta reserva está permitida en la legislación básica estatal sobre la materia, las Comunidades Autónomas pueden regular esta cuestión para su ámbito propio de contratación pública, disponiendo un porcentaje de licitaciones para centros especiales de empleo promovidos por entidades sociales. Así lo ha hecho ya comunidades como Navarra, Castilla y León y Extremadura.
Con su iniciativa, el CERMI pretende que todas las Comunidades Autónomas terminen modificando sus legislaciones propias para establecer una reserva obligatoria y se complete el mapa territorial de poderes públicos comprometidos realmente con la contratación socialmente responsable.
Fuente: CERMI
