El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad que establece los principales parámetros e instrumentos para la adaptación del conjunto de la sociedad a la nueva normalidad, con las máximas garantías de seguridad, tras la crisis provocada por el COVID-19.
El propósito del plan es «poner a España en marcha protegiendo la salud y la vida de los ciudadanos y manteniendo a salvo su sistema de salud».
La desescalada será gradual, asimétrica y coordinada y que no se recuperará de golpe toda la actividad y la movilidad, sino que se hará en cuatro fases. La provincia o la isla será el espacio territorial donde se desarrollarán las actividades permitidas, no habrá movilidad entre provincias o islas hasta alcanzar la nueva normalidad.
La desescalada se hará en función del control de la epidemia en cada provincia y a la velocidad que permita la situación sanitaria de esa zona, de acuerdo con criterios objetivos. El paso de una fase a otra en cada lugar se determinará en función de las capacidades estratégicas de su sistema sanitario de atención primaria y hospitalario; su situación epidemiológica; la implantación de medidas de protección colectiva en comercios, transportes, centros de trabajo y en cualquier espacio público, y en los datos de movilidad y económicos. Estos marcadores serán públicos.
El proceso no será uniforme, sino asimétrico y con distintas velocidades, pero coordinado, para que se rija por unas mismas reglas,
Esta coordinación recaerá en el Gobierno de España, y el ministro de Sanidad asumirá las decisiones necesarias como autoridad delegada. No obstante, se tendrá muy en cuenta el parecer de las autoridades autonómicas y locales, a los que corresponderá gran parte de la gestión. Podrán tomarse medidas en territorios no coincidentes con las provincias si así lo motivan las comunidades autónomas.
La duración mínima de cada una de las fases de desescalada se ha fijado en dos semanas, se prevé que la duración del proceso será de mes y medio y, como máximo, se plantean ocho semanas, por lo que a finales de junio estaríamos en la nueva normalidad si la evolución de la epidemia está controlada en todos los territorios.
A partir de esa fecha terminarán las restricciones sociales y económicas, pero se mantendrá la vigilancia epidemiológica y, sobre todo, las medidas de higiene y protección personal hasta que haya una vacuna.
Plan de transición hacia una nueva normalidad
Anexo I.- Panel de indicadores
Anexo III.- Cornograma orientativo
Fuente: La Moncloa
